¡AGUANTE LA FEDE DE TANDIL!

domingo 27 de febrero de 2011

Declaración del CEFCH sobre TRANSPORTE

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El municipio sin autoridad: las empresas manejan el transporte público

Si no hubiera existido el proceso iniciado por la presentación en Banca XXI del proyecto por un Transporte para todos y todas, hoy no existiría ninguna discusión en la materia. A diferencia de los últimos 6 años que, luego del aumento, todo se “resuelve” con el olvido; hoy es diferente. El proyecto presentado recogió los reclamos de todos los sectores de la sociedad civil, tanto de organizaciones sociales, sindicales  como estudiantiles.
Dentro de los varios puntos que se pretendían poner en discusión, lo que más llamó la atención fue la reacción del bloque municipio-empresas y la constante negativa a resolver algo que parecía tan simple como que los diferentes bonos de descuento se paguen arriba del colectivo (secundario, terciario y universitario).
Al municipio no le interesa más que quedar mediáticamente bien posicionado.  Un estado que regule y controle permanentemente el transporte es necesario para mejorarlo. Vereda opuesta en la que se encuentra el radicalismo. La comisión de transporte del deliberante local hoy es manejada por los empresarios, donde el radicalismo cumple una función legitimadora de las políticas privadas, reafirmando al transporte como un “servicio” y no cómo un derecho en tanto TRANSPORTE PUBLICO.
Las dos bocas de expendio son un avance insuficiente. Para mejorar 100% la accesibilidad es necesario que IMPLEMENTEMOS EL PAGO ARRIBA del colectivo DE TODOS LOS BONOS DE DESCUENTO. Los cambios logrados son un paso intermedio. Sin embargo, hay que avanzar en el aspecto técnico de cómo se implementaría el pago arriba. Las empresas se niegan a implementarlo sin argumentos claros.
            El sistema que se está evaluando para implementar el pago arriba da mayor transparencia, ya que se sabría exactamente cuantos boletos y de que tipo se cortan, como también la frecuencia exacta con que circulan las unidades (ya que funciona con GPS). Supondría una mayor regulación por parte del Estado municipal.
            La poca vocación de diálogo de los empresarios de transporte se vio en la situación violenta propiciada por ellos en Diciembre de 2010 mandando a 40 personas con actitud intimidatoria, en el Consejo Deliberante, hacia los manifestantes que nos oponíamos al ilegítimo aumento del boleto plano, con una claro guiño del radicalismo -permitiéndoles a ellos la ocupación del recinto- para poder aprobarlo sin ningún inconveniente.
            La histórica política radical de desregulación hace hoy que la comisión del Concejo Deliberante sea manejada por las empresas. ¿Dónde está el estado municipal? ¿Quién preside la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante?
            Los avances hasta aquí logrados son fruto de la organización popular y del sentido de ofensiva que requiere la etapa. Desde que existe un proyecto concreto para discutir transporte, desde que existe vocación de transformación real se demostró que las organizaciones populares tomamos como bandera la participación democrática, amplia y profunda. Se demostró que queremos y podemos discutir política pública.

Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas

miércoles 9 de febrero de 2011

El NE ante la masacre de José León Suárez

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La Mesa provincial de Nuevo Encuentro manifiesta su enérgico repudio al asesinato de los adolescentes Mauricio Ramos (17 años) y Franco Raúl Almirón (16 años), fruto de la violenta represión efectuada por la Policía de la Provincia de Buenos Aires el pasado jueves 3 de febrero, en José León Suárez. Debe recordarse que en ese mismo episodio también otro joven, Joaquín Romero, sufrió heridas gravísimas y se encuentra aún internado.
De acuerdo a numerosos testimonios, efectivos de la Policía Bonaerense acudieron al lugar para impedir el saqueo de un tren descarrilado y, en ese marco, emprendieron una represión indiscriminada contra los habitantes del lugar haciendo uso de armas de fuego contra las personas que se hallaban desarmadas. Pretendieron justificar esa actuación y los homicidios perpetrados haciendo correr la versión de que el descarrilamiento había sido provocado por un grupo de vecinos del lugar que se habrían enfrentado con los policías. Las primeras pesquisas desmienten esos hechos y dan cuenta de que los jóvenes asesinados fueron alcanzados por los disparos policiales en lugares y circunstancias ajenas al saqueo.
Este accionar violento de parte de agentes policiales se inscribe en la política de seguridad promovida desde diciembre de 2007 por el Gobierno provincial, a cargo de Daniel Scioli. En el marco de la actual gestión bonaerense se retrocedió en las reformas institucionales encaradas por el anterior gobierno provincial y se delegó la gestión política de la seguridad pública en la institución policial, otorgándole a ésta la autonomía organizacional y la discrecionalidad funcional para que encarara una estrategia de corte punitivo contra los sectores populares socialmente relegados. Durante estos años, esta estrategia se ha materializado en acciones de represión indiscriminada, torturas, apremios, fusilamientos y desapariciones de personas que fueron y son estigmatizadas y discriminadas.
Esta vorágine autoritaria tiene su correlato con un discurso público de las autoridades provinciales tendiente a identificar a los pobres con la delincuencia y a considerar a los sectores populares como “clases peligrosas”. En ese marco, el crecimiento y complejización de la delincuencia resulta ser, en la explicación oficial, consecuencia de las “limitaciones” impuestas que “atan de manos” al accionar policial e impiden llevar a cabo eficientemente el “combate contra el crimen”. Para superar estas trabas, Scioli ha postulado sin miramientos darle todo el poder a la Policía y licuar todos los controles que deberían regular legalmente su actividad.
Los resultados de esta impronta punitiva y autoritaria se pudieron observar la semana pasada en José León Suárez, con el espantoso saldo de dos pibes muertos y otro gravemente herido, además de una comunidad injustamente asediada por la violencia y la discriminación institucional.
Nuevo Encuentro expresa su solidaridad con los familiares, amigos y vecinos de las víctimas y reclama justicia ante estos hechos de violencia institucional que encontraron y encuentran respaldo de quienes deberían ser parte de la solución y no parte del problema.

Adrián Grana, Basilio Chalac, Lucas Boyanovsky, Claudio Enricot, Miguel Martínez

martes 1 de febrero de 2011

No a la baja de la edad de imputabilidad

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Oportunismo político vs. Transformación real.
Lo viejo contra lo nuevo.
 Como fuerza política local sentimos la necesidad de manifestarnos ante la nueva oleada de  voces  que otra vez, desde un discurso de vieja derecha, se lanzan por la “la baja de edad de  imputabilidad” (un punto incluido en  uno de los dos proyectos para un nuevo Régimen Penal Juvenil en la cámara de Senadores).                                                            
Otra vez el principal locutor es nuestro gobernador Daniel Scioli que  parado desde la “mano dura” hace gala de oportunismo político, de manipulación y  simplificación del problema.
En primer lugar, creemos importante discutir la idea del “combate contra la inseguridad”  que bajo una construcción bélica del problema lleva a implementar    políticas represivas y punitivas. Históricamente, esta salida no sólo ha demostrado una absoluta ineficiencia  (se puede ver en las cientos de medidas aplicadas durante años)   sino que, además, avasalla contra derechos humanos básicos. Las políticas de seguridad son muy necesarias  para consolidar ciudadanía, pero estas no se oponen a las garantías constitucionales  en las que se deben basar, lo que significa en nuestro país, desarrollarlas en  el  marco del acuerdo nacional de “seguridad democrática”  en sintonía con tratados internacionales donde  derechos humanos se imponen a la ley del garrote. Es decir, es absolutamente  falso que derechos humanos y políticas contra la “inseguridad”  no puedan ir  de la mano.                                                                         
En segundo lugar, esta medida no recae contra las grandes redes del delito o las grandes organizaciones criminales – que actúan en convivencia con una estructura policial viciada y corrupta que muchas veces fomenta el delito juvenil- sino que recae en el eslabón más débil de éstas, los pibes, que también son el eslabón más débil en la  sociedad siendo víctimas de políticas neoliberales que promovieron la vulneración total de derechos como la educación, la salud, la vivienda, etc. Por eso decimos que el debate tiene que ser honesto; nuestra provincia cuenta con un Sistema de Protección y Promoción de derechos a la niñez  que está a medio implementar (el presupuesto provincial destina a protección de la niñez el  irritante porcentaje  de  % 0,52), que puede evitar tranquilamente estas medidas que sólo reproducen  injusticia. Se trata de pensar a personas “sujetos de derechos” y no a “menores peligrosos” como parece pensar el gobernador desde la más profunda convicción personal -recordemos que sus palabras están en total contradicción con el  enfoque de “inclusión social” expresado por el   gobierno nacional  (su mismo espacio político)-.
En tercer lugar, este discurso retrógrado y conservador se monta mezquinamente en la conmoción y temor que provocan hechos puntuales  (con la debida cuota de sensacionalismo mediático )  y sobre prejuicios instalados socialmente: “el joven es peligroso (y si es pobre peor)”,  “el pibe chorro”, etc. ,siendo todo  parte  de una mezquina manipulación . La inseguridad es un flagelo que encuentra sus raíces en múltiples problemáticas sociales; ¿acaso alguien realmente cree que la baja en dos años de la edad de imputabilidad sea la verdadera solución a este problema?
Por eso desde Nuevo Encuentro rechazamos de plano la baja de edad de  imputabilidad y exigimos: por un lado, un debate sobre la seguridad ante el delito  y por otro, un debate acerca de la  infancia, la adolescencia y la juventud  alejados  del oportunismo  (¿electoralista?)  y  éticamente responsable.                                                                    
La construcción de una sociedad más justa  se lleva adelante con políticas de seguridad ciudadanas y no con más condenas  a los pibes, se lleva adelante  promoviendo y protegiendo sus derechos, no vulnerándolos; con ética  democrática y no desde el  engaño  y vacío discursivo.

-Por la implementación efectiva del sistema de de protección y promoción de los derechos del niño (ley 13298).
¡Ningún la pibe nace chorro!
Federación Juvenil Comunista Tandil
en el Nuevo Encuentro Popular y Solidario
 
Comunistas TandilComunistas Tandil