De acuerdo a numerosos testimonios, efectivos de la Policía Bonaerense acudieron al lugar para impedir el saqueo de un tren descarrilado y, en ese marco, emprendieron una represión indiscriminada contra los habitantes del lugar haciendo uso de armas de fuego contra las personas que se hallaban desarmadas. Pretendieron justificar esa actuación y los homicidios perpetrados haciendo correr la versión de que el descarrilamiento había sido provocado por un grupo de vecinos del lugar que se habrían enfrentado con los policías. Las primeras pesquisas desmienten esos hechos y dan cuenta de que los jóvenes asesinados fueron alcanzados por los disparos policiales en lugares y circunstancias ajenas al saqueo.
Este accionar violento de parte de agentes policiales se inscribe en la política de seguridad promovida desde diciembre de 2007 por el Gobierno provincial, a cargo de Daniel Scioli. En el marco de la actual gestión bonaerense se retrocedió en las reformas institucionales encaradas por el anterior gobierno provincial y se delegó la gestión política de la seguridad pública en la institución policial, otorgándole a ésta la autonomía organizacional y la discrecionalidad funcional para que encarara una estrategia de corte punitivo contra los sectores populares socialmente relegados. Durante estos años, esta estrategia se ha materializado en acciones de represión indiscriminada, torturas, apremios, fusilamientos y desapariciones de personas que fueron y son estigmatizadas y discriminadas.
Esta vorágine autoritaria tiene su correlato con un discurso público de las autoridades provinciales tendiente a identificar a los pobres con la delincuencia y a considerar a los sectores populares como “clases peligrosas”. En ese marco, el crecimiento y complejización de la delincuencia resulta ser, en la explicación oficial, consecuencia de las “limitaciones” impuestas que “atan de manos” al accionar policial e impiden llevar a cabo eficientemente el “combate contra el crimen”. Para superar estas trabas, Scioli ha postulado sin miramientos darle todo el poder a la Policía y licuar todos los controles que deberían regular legalmente su actividad.
Los resultados de esta impronta punitiva y autoritaria se pudieron observar la semana pasada en José León Suárez, con el espantoso saldo de dos pibes muertos y otro gravemente herido, además de una comunidad injustamente asediada por la violencia y la discriminación institucional.
Nuevo Encuentro expresa su solidaridad con los familiares, amigos y vecinos de las víctimas y reclama justicia ante estos hechos de violencia institucional que encontraron y encuentran respaldo de quienes deberían ser parte de la solución y no parte del problema.
Adrián Grana, Basilio Chalac, Lucas Boyanovsky , Claudio Enricot, Miguel Martínez
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